septiembre 22, 2017


La Salud es un derecho. Trabajemos para garantizarlo

Con este lema, el pasado 14 de septiembre, ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en situación irregular.

Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de ODUSalud, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad.

Este es el texto del Manifiesto leído en el acto:

"Como todos los años este mes de septiembre nos reunimos para recordar que hace cinco años se publicó el RDL 16/2012, bien conocido como el Decreto de la Exclusión Social.  Este Decreto que reformaba los servicios de salud públicos, dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado español, excluyéndolos totalmente de Sistema Nacional de Salud, según datos ofrecidos por el Gobierno. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, exponiéndoles a una situación de total vulnerabilidad.

Desde la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants denunciamos que dicho R.D.L. vulnera  directamente el derecho a la salud, un derecho universal vinculado al derecho a la vida y  la integridad física reconocidos en los tratados y recomendaciones internacionales de los mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Europa calificó esta reforma sanitaria “contraria al principio de no discriminación”.

Las organizaciones sociales que formamos la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, los profesionales socio-sanitarios y las 86 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana hemos denunciado y testimoniado  todas las situaciones de vulneración del derecho a la Salud que se han producido y siguen produciéndose en nuestra Comunidad.

Dentro de estas vulneraciones son especialmente graves las que se producen por falta de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños; atenciones, que según el propio decreto tienen garantizada la cobertura sanitaria.

En la atención en urgencias,  también garantizada en el propio real decreto, se han producido denegaciones de asistencia poniendo en riesgo la vida de estas personas.

En nuestra Comunidad autónoma, con la entrada del nuevo Gobierno en el año 2015, se iniciaron acciones encaminadas a la recuperación del acceso a la sanidad universal, pública y gratuita. No obstante, mientras exista esta legislación en vigor en todo el territorio español el derecho a la salud sigue sin estar garantizado.

Por ello exigimos al Gobierno Autonómico que aumente su esfuerzo para aplicar en todos los casos su propia normativa en este campo y  la máxima implicación para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Mientras exista una legislación estatal que permita, avale y defienda la exclusión del acceso al derecho a la salud, alegando la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, sin aportar ni un solo análisis detallado y ponderado, las organizaciones que componemos la mesa no dejaremos de  denunciar la ilegitimidad de la aplicación de dicha ley. Mantenemos nuestro compromiso por conseguir una Sanidad Universal, pública y gratuita en España para todas las personas.

¡NO AL DECRETO ESTATAL DE LA EXCLUSIÓN!

-Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants-

septiembre 12, 2017

70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lo avalan

Los partidos de la oposición firman un Pacto por un sistema sanitario público y universal

 

Los grupos políticos firmantes -PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCat, Nueva Canarias y EH-Bildu- se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias para desarrollar los objetivos del Pacto


Madrid, 12 de septiembre de 2017.- La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias y EH-Bildu han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), que se conformó para denunciar la reforma sanitaria acometida por el Gobierno del Partido Popular hace ahora cinco años.

Los partidos firmantes se comprometen a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho.

“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo. La reducción de la cartera básica de servicios, el aumento de los copagos y la exclusión sanitaria de diversos colectivos –entre los que destacan las personas migrantes en situación irregular– son medidas que se han ensañado con los sectores más vulnerables de la población y que han provocado un incremento de las desigualdades en salud en España sin precedentes”, ha declarado José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de todas las organizaciones firmantes.

Cinco años de RDL 16/2012

En los cinco años transcurridos desde que el Gobierno del Partido Popular acometiera su última reforma sanitaria, las entidades promotoras no han dejado de luchar por revertir un cambio de modelo del sistema sanitario que fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y que ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma, que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, -el propio Ejecutivo se cifró en 873.000 las tarjetas sanitarias retiradas, vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio.

Las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil frente a la exclusión sanitaria han contribuido de forma determinante a que la mayoría de las comunidades autónomas hayan adoptado mecanismos para paliar lo que de otra manera tenía visos de convertirse en una auténtica crisis humana. En este proceso han contado con la colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición, que desde el Congreso y aquellas comunidades en las que gobiernan han luchado desde el principio por revertir la situación.

Firmantes del Pacto
El “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” lo han suscrito las principales organizaciones profesionales sanitarias, como las Sociedad Españolas de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), la de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) o la Asociación de Enfermería Comunitaria. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO).

Además, están representadas la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y plataformas autonómicas pro sanidad universal, como PASUCAT en el ámbito de Cataluña y ODUSALUD en la Comunidad Valenciana. Entre las ONG de derechos humanos más destacadas han firmado el acuerdo Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo. Y por parte de las organizaciones de personas migrantes -uno de los colectivos más afectados por la reforma sanitaria- figura la asociación ARI-PERÚ.

septiembre 11, 2017

Concentración por la derogación del Decreto de Exclusión Sanitaria


Como en años anteriores, este mes de septiembre nos volvemos a reunir para recordar que hace 5 años se publicó el RDL 16/2012, que dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunitat Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado Español. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas migrantes en situación administrativa irregular, exponiéndolas a una situación de total vulnerabilidad.

Nos unimos a la Mesa d'Entitas amb els inmigrants y denunciamos que dicho R.D.L. vulnera directamente el derecho a la salud. Por eso invitamos a todas las personas que viven en la ciudad de València a sumarse a la concentración para reclamar la anulación de este decreto que genera un apartheid sanitario y pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables.

Te esperamos este jueves 14 de septiembre a las 19 h en la Plaza de la Virgen para gritar que la "SALUD ES UN DERECHO".

junio 22, 2017

ODUSALUD recoge hasta 169 casos de desatención que desmienten la universalidad de la atención sanitaria

Según su XIII Informe, se mantiene la desinformación de la población sobre sus derechos de acceso a la sanidad en la Comunitat Valenciana.

La falta de formación homogénea del personal de admisión y los trabajadores sociales produce desigualdad en el acceso a la atención sanitaria.

Con motivo de la publicación de su XIII Informe de incidencias, el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD) ha mostrado su preocupación por la existencia ininterrumpida de casos de desatención sanitaria durante 2016, de los cuales el informe recoge una muestra de 169. La persistencia de estas situaciones demuestra que la atención sanitaria aún no es universal y que se siguen produciendo casos de negativa directa al ejercicio del derecho a la asistencia (un 61 por ciento de las incidencias detectadas fueron de este tipo).
    En cuanto al perfil de e las personas afectadas, en su mayor parte (53 %) se encuentran en situación administrativa regularizada, lo que rompe la falsa imagen de que las personas sin derecho a la atención sanitaria son migrantes en situación irregular. Se dan casos de desatención sanitaria tanto en personas originarias de la Unión Europea (sobre todo rumanas), como de países firmantes de convenios de colaboración con la Seguridad Social Española, especialmente de origen marroquí. Otro grupo serían quienes se encuentran en situación administrativa regular por reagrupación familiar o por ser familiares de ciudadanos de la Unión Europea con residencia en España. Se siguen detectando incidencias relacionadas con menores (12 %), pese a que la legislación española ha mantenido en todo momento su derecho a la asistencia sanitaria, igual que para mujeres embarazadas y solicitantes de asilo. La mayor parte de las incidencias han sido registradas en los centros de salud (77 %). El informe señala como causa las situaciones de desatención sanitaria la desinformación y la ausencia de criterios claros y unificados a aplicar por el personal de admisión de los centros sanitarios. En esa situación, el personal de admisión aplica criterios propios, no siempre ajustados a la normativa en vigor, que producen desigualdad y vulneración del derecho reconocido a la asistencia sanitaria.

    En su compromiso de velar por el cumplimiento del Decreto Ley 3/2015 y como miembro de la Comisión Mixta encargada de su seguimiento, ODUSALUD sigue exigiendo a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública mayor información a la población sobre este derecho y una formación adecuada, homogénea y permanente del personal sanitario, de admisión y de los trabajadores sociales en este tema. Esta formación debe garantizar que el personal “recibe una referencia e instrucciones homogéneas, claras y detalladas sobre los procedimientos que se deben seguir en cada caso, para garantizar el acceso a la Atención Sanitaria a todas aquellas personas que tienen este derecho en nuestra comunidad, en especial las poblaciones más vulnerables”. Del mismo modo, es imprescindible y urgente adecuar la aplicación informática en uso en los centros sanitarios al contenido del DL 3/2015 de la Generalitat Valenciana.
   Por otro lado, ODUSALUD constata que en la actual situación son las entidades sociales y la solidaridad quienes están supliendo con su esfuerzo esas carencias de formación de información y los problemas relacionados con las aplicaciones informáticas, para garantizar el derecho a la atención sanitaria. Para el Observatorio es imprescindible “garantizar que los menores de edad, mujeres embarazadas, en parto o postparto, así como cualquier persona afectada de urgencia por una enfermedad grave o accidente, sean atendidas hasta el alta médica, sin exigir la acreditación previa de ninguna otra condición de tipo administrativo, ni recibir facturación por la asistencia recibida”.
ODUSALUD anima también al Govern Valencià a implicarse aun más para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 “por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables”.
   En este informe y en materia de atención sanitaria a grupos vulnerables, la plataforma insta “al Gobierno español al cumplimiento de sus obligaciones como firmante de diferentes tratados en materia de refugio y protección internacional, así como a tomar, con la antelación necesaria, las medidas que garanticen a las personas refugiadas y solicitantes de protección internacional el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos” tal como corresponde a los compromisos internacionales adquiridos.

Puedes acceder al XIII Informe y a su resumen ejecutivo aquí.

mayo 03, 2017

ODUSALUD convoca dos actos con motivo del quinto aniversario de la entrada en vigor del RD 16/2012


Se realizará una acción de calle en la plaza ante delegación del Gobierno el próximo miércoles, 3 de mayo, a las 18 h 

El jueves, 4 de mayo, se proyectará el documental Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam”

ODUSALUD ha convocado, para la próxima semana dos actos con motivo del quinto aniversario del Real Decreto Ley 16/2012 que eliminó el acceso universal a la atención sanitaria en el Estado Español.

Con este motivo, y para recordar a la ciudadanía la necesidad de derogar este Real Decreto y revertir las medidas que impuso hace ahora un lustro, el próximo miércoles tendrá lugar una acción de calle ante la Delegación del Gobierno de Valencia, en la Plaza de los Pinazo. El acto bajo el título: ¿Desmontamos los 5 mitos de la reforma sanitaria estatal?, mostrará a los viandantes las realidad de no asistencia sanitaria que siguen padeciendo algunas personas en el territorio del Estado. El acto tendrá lugar a partir de las 18 horas. Se retransmitirá en directo vía Twitter.

Del mismo modo, el jueves, tendrá lugar la proyección del documental “Muerte accidental de un inmigrante. El caso Alpha Pam” con un posterior cineforum. El acto tendrá lugar a las 19 horas en la Sala de la Muralla del Col·legi Major Rector Pesset (Plaça Forn de Sant Nicolau, 2).