abril 20, 2018

El Triste Aniversario

Con motivo del Día Mundial de la Salud y en estas fechas en que la OMS lanza una campaña por la Cobertura sanitaria Universal; cuando diversos organismos ponen énfasis en el cumplimiento de los ODS, no podemos dejar de lamentar el triste aniversario de los 6 años  de la puesta en marcha por el Gobierno del estado español, del RDL 16/ 2012; el cual ha excluido del sistema sanitario público a casi un millón de personas, en su mayoría por motivos administrativos.

Este decreto y sus decretos subsiguientes han supuesto además el recorte de prestaciones sanitarias para la población general, como las orto protésicas,  acceso a medicación y otros que; como siempre; afectan más a población con menos recursos, independientemente de su origen. Los motivos económicos, esgrimidos por el gobierno y nunca probados, enmascararon entonces motivos ideológicos; desapareciendo el  concepto de derecho para ser sustituido por criterios burocráticos y mercantilistas que, insisto, no han sido demostrados con estudios;  aderezando la reforma  además con mensajes a la población con tintes racistas- como poco-  y que tuvieron su nicho y su efecto en la población general.  Este decreto, fue enmarcado dentro de las políticas de austeridad que comprendieron además disminución muy  importante  de las prestaciones sociales; o políticas drásticas relacionadas con el empleo-o más bien el desempleo- o con la vivienda- o la falta de la misma; ha abocado a la población más vulnerable a una situación de verdadera catástrofe, con un aumento de las desigualdades no visto desde hace años en nuestro país.

Ante esta vulneración del derecho a la salud,  vista así por parte de la sociedad y también de administraciones locales, hubo un movimiento de repulsa social del que surgieron las varias plataformas por el derecho universal a la salud, intentando paliar la situación mediante denuncia de vulneraciones en salud, emisión de informes y acciones por la defensa del derecho a la salud.

Asimismo, la mayoría de comunidades autónomas pusieron en marcha normas autonómicas; algunas con rango de decreto y otras como instrucciones. Prácticamente todas ellas han sido ilegalizadas por el gobierno del estado español, que  ha utilizado el peso pesado del aparataje judicial – en forma de Tribunal Constitucional- para derogar la práctica totalidad de las  normas autonómicas ; con la base judicial de acotar el tipo de prestaciones considerando estas una competencia estatal, y  de manera totalmente intencionada,  para  realizar una recentralización de las competencias en sanidad,  recortando  las  competencias de las comunidades autónomas.

No ha sido impedimento para el gobierno que la mayoría de organismos de Derechos Humanos (Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, grupo de la OMS  de expertos en africanos y afrodescendientes, Comité europeo contra el racismo y la intolerancia) haya  considerado la medida como regresiva, grave, no justificada bajo criterios económicos, carente de ética  y que afecta a un amplio grupo poblacional; siendo además peligrosa para la población bajo criterios de Salud Pública. El gobierno  continúa manifestando su intención de no derogar o modificar el RDL.

Es la población migrante ha sufrido de forma más aguda este aumento de las desigualdades; agravado por las políticas migratorias y por las ingentes dificultades para su regularización, autentica forma de violencia “burocrática”. Una consecuencia indirecta de toda esta situación y una auténtica catástrofe ha supuesto la muerte de Mbama Mbaye, inmigrante senegalés cuya situación administrativa no estaba regularizada a pesar de llevar 14 años en nuestro país, superviviente y finalmente víctima de todas las vulneraciones.

Y en este contexto de exclusión y desigualdad social el estado no solamente apuesta por excluir de la sanidad pública a un porcentaje de la población, que también  contribuye a pagarla (con sus impuestos indirectos, ya que así es como se financia la sanidad pública del SNS español ); sino que también está realizando una clara apuesta por el fomento de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública; en los últimos presupuestos generales del estado el porcentaje a invertir en Sanidad es del 5,8 del PIB; siendo el más bajo de los últimos años ( en 2011 era del 9,5%) ; combinado esto con un aumento de la inversión en la sanidad privada. Como muestra destaca la reciente composición del nuevo Consejo Asesor de Sanidad de la  ministra Dolors Montserrat en la que predominan los miembros procedentes del sector privado, en detrimento de los procedentes de los estamentos públicos; y a pesar de que estos nombramientos han supuesto el enérgico rechazo de asociaciones científicas como SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública) o Marea Blanca ( (Montserrat se ha “ fichado un lobby empresarial privado de farmacéuticas y hospitales privados”)

No tenemos, pues, motivos para la alegría y si, en cambio, para continuar la lucha contra el RDL / vulneraciones de derechos; con todos los medios de que disponemos como sociedad civil; estos también recortados a golpe de reales decretos y de tribunales. Desde el Observatorio  en defensa del derecho a la salud  (ODUSALUD) no dejaremos de hacerlo.

Comisión Permanente Odusalud

diciembre 20, 2017

Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en la Comunidad Valenciana

COMUNICADO

Las 89 entidades que componemos el Observatorio por el Derecho Universal a la Salud ODUSALUD rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que contraviene uno de los derechos humanos fundamentales como es el derecho a la salud (Declaración Universal de Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III)).

Asimismo, denunciamos que dicha sentencia vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública. En este sentido, ODUSALUD opina que en esta sentencia, el Tribunal Constitucional se autocontradice con la sentencia provisional de marzo de 2016 en la que dictó que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.

Del mismo modo, cuando anula la normativa sobre copago y prestaciones ortoprotésicas, la Sentencia restringe derechos de colectivos más desfavorecidos como los pensionistas o personas que no han podido llegar a cotizar, independientemente de su origen o procedencia.


En el ámbito político, la sentencia restringe a las Comunidades Autónomas (CCAA) el desarrollo de
sus competencias impidiendo que puedan aplicar unos estándares básicos de salud a quienes viven en ellas y refleja la falta de independencia del TC respecto al poder ejecutivo. Además, sanciona a las CCAA que han protegido el derecho a la salud de todas las personas.

ODUSALUD declara que la priorización del Real Decreto 16/2012 no es garantía de un ahorro económico para las administraciones públicas, ya que en ningún caso ha sido evaluado y demostrado públicamente. En cambio, si puede afirmar que su aplicación supuso la exclusión sanitaria de un total de 1.338 personas (según 11º Informe ODUSALUD), generando un sufrimiento innecesario y gratuito en las personas más vulnerables en Comunidad Valenciana.

Odusalud insta a los partidos políticos que firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública a todas las personas que viven en España, a que se involucren en el rechazo del RD 16/2012.

diciembre 18, 2017

El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal

•    El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
•    La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
•    Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

Madrid/ Nueva York, 14/11/2017.  Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Para leer el comunicado completo, pincha aquí.

septiembre 29, 2017

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears en contra de la devolución del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras


Una sentencia del TSJIB ha anulado la Instrucción del director general del Servicio de Salud de las IB de 17 de julio de 2015 que establecía los trámites para garantizar el derecho al acceso a la asistencia sanitaria de las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes.

El TSJIB estima que las razones humanitarias "no pueden justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud".

Igualmente apoya su posición en "un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa" establecida por el articulo 9.3 de la Constitución, que prohíbe que las disposiciones de inferior rango contradigan las de nivel superior.

El Govern de les Illes Balears ha comunicado la presentación inmediata de un recurso contra esta sentencia y el mantenimiento de los efectos de la Instrucción anulada, hasta que la sentencia no se haga firme.

Igualmente se une al llamamiento que hacen otros gobiernos autonómicos, partidos políticos y numerosas entidades de la sociedad civil, como las adheridas a REDER y ODUSALUD, para que el Gobierno de España derogue el RDL 16/2012 como causa de la exclusión sanitaria.

La instrucción ahora anulada se publicó inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno balear en línea con las medidas tomadas por otros gobiernos autonómicos para contrarrestar la exclusión sanitaria que estableció tres años antes el RDL 16/2012 en el conjunto del estado.

El Gobierno de España puso en marcha iniciativas judiciales parecidas contra todas estas normativas autonómicas dirigidas a restablecer el derecho universal a la asistencia sanitaria. Algunas de ellas, como el Decret Llei 3/2015 del Govern Valencià, están pendientes de decisiones de diferentes órganos judiciales como el Tribunal Constitucional.

septiembre 22, 2017

La Salud es un derecho. Trabajemos para garantizarlo


Con este lema, el pasado 14 de septiembre, ODUSalud participó en la concentración, convocada por la Mesa de Solidaritat amb les immigrants, para reclamar la derogación del decreto que dio paso a la exclusión sanitaria de, entre otros, miles de personas migrantes en situación irregular.

Durante la concentración, el grupo de Sensibilización y Formación de ODUSalud, realizó una Performance, para responder a los mitos que se han ido extendiendo en los últimos años con respecto al derecho de acceso a la sanidad.

Este es el texto del Manifiesto leído en el acto:

"Como todos los años este mes de septiembre nos reunimos para recordar que hace cinco años se publicó el RDL 16/2012, bien conocido como el Decreto de la Exclusión Social.  Este Decreto que reformaba los servicios de salud públicos, dejó a 80 000 personas sin atención sanitaria en la Comunidad Valenciana y 800 000 en el conjunto del Estado español, excluyéndolos totalmente de Sistema Nacional de Salud, según datos ofrecidos por el Gobierno. Estas medidas han limitado, principalmente, el acceso a la atención sanitaria de personas inmigrantes en situación administrativa irregular, exponiéndoles a una situación de total vulnerabilidad.

Desde la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants denunciamos que dicho R.D.L. vulnera  directamente el derecho a la salud, un derecho universal vinculado al derecho a la vida y  la integridad física reconocidos en los tratados y recomendaciones internacionales de los mecanismos regionales e internacionales de los derechos humanos. Recordamos que el Consejo de Europa calificó esta reforma sanitaria “contraria al principio de no discriminación”.

Las organizaciones sociales que formamos la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els inmigrants, los profesionales socio-sanitarios y las 86 entidades que forman el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana hemos denunciado y testimoniado  todas las situaciones de vulneración del derecho a la Salud que se han producido y siguen produciéndose en nuestra Comunidad.

Dentro de estas vulneraciones son especialmente graves las que se producen por falta de atención a mujeres embarazadas, niñas y niños; atenciones, que según el propio decreto tienen garantizada la cobertura sanitaria.

En la atención en urgencias,  también garantizada en el propio real decreto, se han producido denegaciones de asistencia poniendo en riesgo la vida de estas personas.

En nuestra Comunidad autónoma, con la entrada del nuevo Gobierno en el año 2015, se iniciaron acciones encaminadas a la recuperación del acceso a la sanidad universal, pública y gratuita. No obstante, mientras exista esta legislación en vigor en todo el territorio español el derecho a la salud sigue sin estar garantizado.

Por ello exigimos al Gobierno Autonómico que aumente su esfuerzo para aplicar en todos los casos su propia normativa en este campo y  la máxima implicación para lograr la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 por lo que supone de elemento generador de desigualdad y deterioro de las condiciones de vida de los grupos sociales más vulnerables.

Mientras exista una legislación estatal que permita, avale y defienda la exclusión del acceso al derecho a la salud, alegando la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud, sin aportar ni un solo análisis detallado y ponderado, las organizaciones que componemos la mesa no dejaremos de  denunciar la ilegitimidad de la aplicación de dicha ley. Mantenemos nuestro compromiso por conseguir una Sanidad Universal, pública y gratuita en España para todas las personas.

¡NO AL DECRETO ESTATAL DE LA EXCLUSIÓN!

-Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants-