En estos dos años la Conselleria de Sanitat no ha hecho ningún esfuerzo por dar a conocer el impacto de la exclusión sanitaria en la salud de los ciudadanos y evita informar -a su propio personal y a la ciudadanía- sobre el Programa Valenciano de Protección a la Salud, quizás para esconder sus propios límites y escaso alcance.
El noveno informe registra registra una media mensual de 43 notificaciones, de él se desprende que:
- Se han recibido 1004 notificaciones. El incremento se justifica por la mayor participación de las entidades y la escasa difusión que está teniendo el PVPS (Programa Valenciano de Protección a la Salud).
- Se han recogido 94 casos de menores desatendidos en centros sanitarios públicos, el 10%, pese a que la normativa vigente mantiene el derecho a la asistencia sanitaria para los menores de edad.
- El 21,8% de los casos los produce la hoja de requerimiento de información origen de la posible facturación.
- Un 17,9% es por la falta de acceso al tratamiento por razones económicas.
- Más de la mitad de los casos, 56,3%, corresponden a personas que no superan la barrera administrativa, no llegan a ser atendidos directamente por personal sanitario.
- Una de cada cuatro personas afectadas es ciudadano/a de la Unión Europea, mayoritariamente procedentes de Rumanía.
- La exigencia de firma de un documento en el que se informa del coste de la visita previo a la asistencia y la facturación, sigue siendo un elemento disuasorio para algunos pacientes. Especialmente para quienes tramitan su permiso de residencia temporal. Su consecuencia es la autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria. Se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar.
- Exclusión sanitaria. De las 78.000 personas a quienes se retiró la tarjeta sanitaria en 2012, sólo 3.500 han recuperado su derecho a la asistencia sanitaria a través de Programa Valenciano de Protección de la Salud según el comunicado de la propia Conselleria el 23 de agosto.
- Se siguen registrando casos de niños, mujeres embarazadas, ciudadanos comunitarios... a pesar de que el Real decreto mantenía el derecho a la asistencia.
- Los ciudadanos de la Comunitat Valenciana excluidos de este derecho se han visto privados de diagnósticos, tratamientos y cuidados adecuados o incluso imprescindibles para su supervivencia, su curación o el mantenimiento de su calidad de vida.
- La ausencia de información claramente comunicada en diferentes territorios e instituciones han propiciado variabilidad de interpretación de la normativa actual por parte de los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud. Esta deliberada falta de información de las autoridades sanitarias ha generado que las personas afectadas optaran por alejarse del sistema sanitario, ante la sospecha de que se denegaría su asistencia o que se les facturaría en caso de que se les prestara. Esta situación ha impedido la continuidad de la asistencia y la prescripción de medicación en casos de enfermedades graves o con riesgo desde el punto de vista de la salud pública.
