mayo 02, 2018

ODUSALUD preocupada por la nueva composición del Consejo Asesor de Sanidad


Tras la publicación en el BOE de la nueva composición del Consejo Asesor de Sanidad, (Orden SSI/119/2018, de 13 de febrero, por la que se dispone el cese y nombramiento de vicepresidente, secretaria y vocales del Consejo Asesor de Sanidad). 

ODUSALUD muestra su preocupación, sumándose a las manifestaciones ya realizadas por otras organizaciones del ámbito de la Sanidad. Nuestra inquietud se basa en los siguientes hechos:

  • entre los 21 nuevos miembros de sus 42, destaca la  fuerte presencia representantes de la industria sanitaria privada y colegios profesionales, cuyos intereses pueden entrar en contradicción con el sistema de asistencia sanitaria pública;
  • ausencia de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la Salud Pública que contrasta con la amplia representación de sectores empresariales;
  • falta de paridad entre los miembros del nuevo Consejo, pese a que el ministerio integra los servicios sociales y la igualdad. El 73% de sus miembros son hombres, hecho que puede generar importantes sesgos en los informes que se elaboren por parte del citado Consejo.

Por ello, nos sumamos a la petición de revisar y modificar la composición de este Consejo Asesor, asegurando la incorporación de referentes de Salud Pública que puedan aportar la necesaria visión, opinión y consejo en temas de tanta trascendencia social y profesional. Asimismo, solicitamos que se incluyan criterios de paridad a la hora de decidir la composición del consejo.

abril 20, 2018

El Triste Aniversario

Con motivo del Día Mundial de la Salud y en estas fechas en que la OMS lanza una campaña por la Cobertura sanitaria Universal; cuando diversos organismos ponen énfasis en el cumplimiento de los ODS, no podemos dejar de lamentar el triste aniversario de los 6 años  de la puesta en marcha por el Gobierno del estado español, del RDL 16/ 2012; el cual ha excluido del sistema sanitario público a casi un millón de personas, en su mayoría por motivos administrativos.

Este decreto y sus decretos subsiguientes han supuesto además el recorte de prestaciones sanitarias para la población general, como las orto protésicas,  acceso a medicación y otros que; como siempre; afectan más a población con menos recursos, independientemente de su origen. Los motivos económicos, esgrimidos por el gobierno y nunca probados, enmascararon entonces motivos ideológicos; desapareciendo el  concepto de derecho para ser sustituido por criterios burocráticos y mercantilistas que, insisto, no han sido demostrados con estudios;  aderezando la reforma  además con mensajes a la población con tintes racistas- como poco-  y que tuvieron su nicho y su efecto en la población general.  Este decreto, fue enmarcado dentro de las políticas de austeridad que comprendieron además disminución muy  importante  de las prestaciones sociales; o políticas drásticas relacionadas con el empleo-o más bien el desempleo- o con la vivienda- o la falta de la misma; ha abocado a la población más vulnerable a una situación de verdadera catástrofe, con un aumento de las desigualdades no visto desde hace años en nuestro país.

Ante esta vulneración del derecho a la salud,  vista así por parte de la sociedad y también de administraciones locales, hubo un movimiento de repulsa social del que surgieron las varias plataformas por el derecho universal a la salud, intentando paliar la situación mediante denuncia de vulneraciones en salud, emisión de informes y acciones por la defensa del derecho a la salud.

Asimismo, la mayoría de comunidades autónomas pusieron en marcha normas autonómicas; algunas con rango de decreto y otras como instrucciones. Prácticamente todas ellas han sido ilegalizadas por el gobierno del estado español, que  ha utilizado el peso pesado del aparataje judicial – en forma de Tribunal Constitucional- para derogar la práctica totalidad de las  normas autonómicas ; con la base judicial de acotar el tipo de prestaciones considerando estas una competencia estatal, y  de manera totalmente intencionada,  para  realizar una recentralización de las competencias en sanidad,  recortando  las  competencias de las comunidades autónomas.

No ha sido impedimento para el gobierno que la mayoría de organismos de Derechos Humanos (Comité de derechos Económicos, Sociales y Culturales, grupo de la OMS  de expertos en africanos y afrodescendientes, Comité europeo contra el racismo y la intolerancia) haya  considerado la medida como regresiva, grave, no justificada bajo criterios económicos, carente de ética  y que afecta a un amplio grupo poblacional; siendo además peligrosa para la población bajo criterios de Salud Pública. El gobierno  continúa manifestando su intención de no derogar o modificar el RDL.

Es la población migrante ha sufrido de forma más aguda este aumento de las desigualdades; agravado por las políticas migratorias y por las ingentes dificultades para su regularización, autentica forma de violencia “burocrática”. Una consecuencia indirecta de toda esta situación y una auténtica catástrofe ha supuesto la muerte de Mbama Mbaye, inmigrante senegalés cuya situación administrativa no estaba regularizada a pesar de llevar 14 años en nuestro país, superviviente y finalmente víctima de todas las vulneraciones.

Y en este contexto de exclusión y desigualdad social el estado no solamente apuesta por excluir de la sanidad pública a un porcentaje de la población, que también  contribuye a pagarla (con sus impuestos indirectos, ya que así es como se financia la sanidad pública del SNS español ); sino que también está realizando una clara apuesta por el fomento de la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública; en los últimos presupuestos generales del estado el porcentaje a invertir en Sanidad es del 5,8 del PIB; siendo el más bajo de los últimos años ( en 2011 era del 9,5%) ; combinado esto con un aumento de la inversión en la sanidad privada. Como muestra destaca la reciente composición del nuevo Consejo Asesor de Sanidad de la  ministra Dolors Montserrat en la que predominan los miembros procedentes del sector privado, en detrimento de los procedentes de los estamentos públicos; y a pesar de que estos nombramientos han supuesto el enérgico rechazo de asociaciones científicas como SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública) o Marea Blanca ( (Montserrat se ha “ fichado un lobby empresarial privado de farmacéuticas y hospitales privados”)

No tenemos, pues, motivos para la alegría y si, en cambio, para continuar la lucha contra el RDL / vulneraciones de derechos; con todos los medios de que disponemos como sociedad civil; estos también recortados a golpe de reales decretos y de tribunales. Desde el Observatorio  en defensa del derecho a la salud  (ODUSALUD) no dejaremos de hacerlo.

Comisión Permanente Odusalud